La ISP insiste para que el gobierno no atropelle derechos

En varias oportunidades le hemos manifestado nuestras preocupaciones por la regresividad de derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público ecuatoriano que ha sido fruto de la reforma política que su gobierno implementa desde 2008. Hemos mantenido reuniones con sus ministros de Estado y altas autoridades del Gobierno en visitas de misiones internacionales a Ecuador en 2011 y 2012; así como también en el marco de la realización en 2009 y 2010 de la Conferencia Internacional del Trabajo. La ISP ha invitado al Gobierno ecuatoriano a ser parte de una institucionalidad de diálogo social bipartito en el sector público de los países Andinos, a través del esfuerzo compartido con la Organización Internacional del Trabajo, en Lima 2011 y Chocó 2012. Hemos elevado a las instancias internacionales de derechos humanos y del trabajo nuestra posición sustentada sobre cómo la reforma laboral ha dado la espalda a los compromisos que el Estado ecuatoriano ha adquirido a través de la suscripción de convenios internacionales, instancias que se han pronunciado y emitido recomendaciones a su Gobierno.
Internacional de servidores públicosDe igual manera en el nivel nacional nuestras organizaciones afiliadas han presentado al Gobierno de
Ecuador, propuestas alternativas de legislación y diálogo social en el sector público que podrían ser vías de salida hacia la restitución de los derechos del pueblo ecuatoriano a contar con servicios públicos de calidad y de los trabajadores que cotidianamente los producen como pilares del desarrollo del país.
Hasta el momento, no hemos conocido de ningún avance con respecto a nuestras preocupaciones en Ecuador; más aún, observamos que la política gubernamental conculcadora de derechos, se ha
profundizado. Lo demuestra el reinicio en su país de la implementación del Decreto Ejecutivo 813 de 2011, el que a través de la figura de la “renuncia obligatoria” ha despedido arbitrariamente a miles de trabajadoras y trabajadores del sector público. El caso del despido de 500 trabajadores y profesionales del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, entre otros casos, lo pone en evidencia. Este hecho además ratifica el negativo impacto de estas políticas de Estado sobre la prestación de servicios, ya que   La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.
como hemos sido informados por nuestras organizaciones afiliadas, el INH fue desmembrado hace pocos meses en el Instituto Nacional Salud Pública e Investigación (INSPI), Agencia de Regulación Control y Registro sanitario (ARCSA) y Enfarma (encargado de la producción biológica) y los despidos suspendieron importantes funciones que ejecutaba el INH como el control de calidad de medicamentos, la producción de biológicos y la realización de diagnósticos de laboratorio de alta complejidad.
Señor Presidente, por lo anotado, le solicitamos suspender definitivamente la ejecución del Decreto 813 y abrir el espacio de diálogo que le hemos planteado sistemáticamente desde hace cuatro años.

 

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