Feunassc y jubilados marchan el 26 de marzo

El anuncio lo hicieron en una rueda de prensa conjunta desarrollada en la Asamblea Nacional este 05 de febrero, confirmando la realización de una gran marcha nacional que se concentrará en el parque de el Ejido en la ciudad de Quito este 26 de marzo de 2015 en horas de la mañana.jubilados protestan

César Buelva Presidente Nacional de la FEUNASSC, señaló que la marcha del 26 de marzo se dará por la preocupación que esta organización tiene respecto a la pretendida desaparición del Seguro Social Campesino ante el anuncio que hiciera el Presidente de la República en la provincia de Manabí el 28 de agosto de 2014, respecto a cerrar dispensarios de salud en zonas rurales; en este sentido es preocupante la intervención del Ministerio de Salud Pública a través de la RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD quienes ya han comenzado a cerrar dispensarios y crear los denominados puestos de salud, con los cuales se impone un limitado y recortado listado de medicamentos; otro de los reclamos por los que su organización saldrá a las calles consiste en la eliminación de la autonomía administrativa del Seguro Social Campesino, con la Resolución 457 del Consejo Directivo del IESS, aseveró.

En esta marcha además se exigirá que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública expresen claramente el desistimiento de esta política de desaparecer al Seguro Social Campesino, concretándose en una asamblea nacional de campesinos afiliados a este seguro; la renuncia del Presidente del Consejo Directivo del IESS por violentar la Ley de Seguridad Social, de manera especial el Art. 373 de la Constitución referente al Seguro Social Campesino; demandar compromisos claros ante la problemática de falta de medicamentos, médicos y enfermeras en el campo; así como la repotenciación de los más de 650 dispensarios rurales existentes.

Por su parte, el Asambleísta de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas Milton Gualán, cuestionó que del pedido que el IESS realizara al Ministerio de Finanzas para que en la Proforma 2015 incorpore las "Obligaciones y contribuciones del Estado" en las que se incluyen la responsabilidad estatal respecto al pago del 40% de las pensiones jubilares, reservas matemáticas, jubilación del magisterio fiscal, aporte al seguro de salud y otras por un valor de $1.766,39 millones; el Gobierno y la Asamblea solo haya aprobado un monto de $1.100 millones y en forma de subsidio para esta Institución, existiendo un incumplimiento de $666 millones, dijo, sin contar con los papeles que por concepto de Bonos del Estado le obliga a comprar a su principal caja chica -el IESS- para esquilmarle sus recursos líquidos por el orden de los $1.600 millones, a criterio del legislador.

Gualán además anunció que interpondrá acciones de fiscalización para que las principales autoridades del IESS expliquen qué medidas han tomado por el caso de la red de corrupción entre médicos y clínicas privadas presentado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, ya que este tipo de anomalías se podrían estar repitiendo en varios hospitales del país; vamos a pedir que se nos aclare cuánto dinero ha desembolsado el IESS hasta el momento y bajo qué condiciones a las clínicas privadas, porque con los más de $547 millones que aparentemente se les ha entregado, bien se pudo haber invertido en varios hospitales y centros de salud de calidad que a la fecha ya estarían funcionando, aseveró.

Finalmente, Edison Lima coordinador de algunas organizaciones de jubilados que lo acompañaron expresó su respaldo a la marcha del 26 de marzo y confirmaron su participación, a la vez que hicieron un llamado a otros sectores sociales a sumarse. Para el señor Lima la participación de su sector se da en el marco de rechazar el Proyecto de Ley "para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar" que actualmente se encuentra debatiendo la Asamblea Nacional, misma que se constituye en un sinnúmero de atropellos a la clase trabajadora, afiliados y jubilados al IESS; en especial por la eliminación del aporte estatal del 40% a las pensiones jubilares que es una obligación constitucional, pero que de acuerdo al Art. 44 del Proyecto de Ley enviado desde Carondelet, el Ejecutivo pretende deslindarse de esta responsabilidad, lo cual provocaría que en menos de 12 años sea insostenible el pago de pensiones, aseguró.

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