Solo en una dictadura el que puede lo más puede lo menos

El Consejo Supremo de la abogacía ecuatoriana observa con profunda preocupación lo que viene sucediendo en el país cuando miles de ciudadanos autoconvocados por las redes sociales mantienen ya diez días de protestas consecutivas a nivel nacional contra las políticas de un gobierno que sucumbió ante la hecatombe de sus diarios escándalos de potenciales actos de corrupción, la virulencia de un discurso que siempre incitó a la violencia por parte de un Presidente que llegó a autoproclamarse como Jefe de todos los poderes del estado.CorreaGolpe

Hoy, el discurso del gobierno ecuatoriano no cambia. Siguen incitando a la confrontación convencidos de que quienes protestan carecen de toda legitimidad, y son, desde su estólido punto de vista, golpistas, sediciosos, odiadores mientras ellos, quienes han manejado este país con un claro divorcio de las normas constitucionales son los únicos herederos de la verdad.

Lo que ocurrió ayer en la Asamblea es otra muestra más del absoluto irrespeto del poder legislativo al foro ecuatoriano y nos presenta ante el mundo como una sociedad en la que nadie conoce las reglas más elementales del derecho procesal.

Los proyectos para confiscar herencias y plusvalías nunca debieron ser tramitados con el marbete de “urgentes” pues ha quedado abiertamente evidenciado, con las propias declaraciones del Presidente Rafael Correa de reiniciar el debate en otro momento, que los mismos no tenían tal status.

Olvidan además los legisladores que, el Art. 53 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala con absoluta claridad cuáles son los 4 casos en los que un proyecto tiene las características de una Ley Orgánica y ambos proyectos fueron remitidos a la Asamblea por el Presidente con esa titulación pero ninguno se encuadra dentro de las esferas propias de una ley de esa jerarquía.

No puede un ciudadano, por más que sea el Presidente de la República retirar un proyecto de ley del Congreso, sencillamente porque una vez que ha depositado los mismos para análisis y eventual aprobación de éste en el Legislativo, solo cabe que éste lo analice y lo avale o lo archive según se desprenda del debate que sólo le compete a este organismo.

La tesis de “el que puede lo más puede lo menos” es tributaria de la frase “Autorictas, no veritas faccit legem”, es decir, que es la autoridad y no la VERDAD lo que genera una ley. No se podía, bajo el ropaje de una argumentación tan precaria satisfacer los caprichos de quien ha olvidado que el verdadero Jefe de todos los poderes del estado es la ciudadanía y no él.  En un verdadero estado constitucional, es la veritas y non la autorictas lo que prima en todo debate reglado.

Repudiamos que un abogado titulado llegue al extremo de decir que “el que puede lo más puede lo menos” pues con ese criterio, los ciudadanos podrían presentar denuncias en la Fiscalía y luego retirarlas temporalmente; quien puede sentenciar por un año también podría imponer penas mayores sin respetar las reglas del piso y techo del poder punitivo. Esto sencillamente se deriva de una visión absolutamente paleopositivista del Derecho, de personajes que se reputan brillantes pero no entienden que el PODER, todos los poderes TIENEN LÍMITES y ese dique contentivo se lo imponen los derechos fundamentales. En este caso, el derecho a la propiedad privada legítimamente adquirida es el bastión que le impide al Presidente de la República confiscar los bienes de quienes él reputa malos por tener solvencia económica y por consiguiente, lo procedimental era debatir los proyectos en sede legislativa y archivarlos por ser abiertamente inconstitucionales.

Nosotros, exhortamos al Presidente de la República a algo que parece ser una misión imposible para él: Reflexionar. Este es un pueblo hastiado de su manejo abusivo del poder, de un sistema judicial integrado por sus incondicionales esbirros, de una Asamblea postrada a sus pies y desconectada del sentir ciudadano.

Albergamos la esperanza que el gobierno nacional, abandonará su bipolaridad, tan patéticamente expresada el lunes 15 de junio del 2015, cuando el Presidente a las 9 am dejaba claro que no daría un solo paso atrás en su intento de confiscar la propiedad legítimamente adquirida por ciudadanos decentes pero apenas 10 horas más tarde, ante un clamor popular en todas las calles del país, apareció nuevamente para decirle al Ecuador que retiraba temporalmente los proyectos urgentes hasta poder convencer a las masas de que esta vez sí van a ser en su beneficio.

Siempre será momento de debatir. Creemos que el Presidente Rafael Correa debe terminar su mandato en 2017 y por la salud de toda la sociedad ecuatoriana no volver a presentarse como candidato pues es claro que lejos de ser un símbolo de la unidad nacional es el vivo representante de la confrontación entre hermanos.

 

 

Dr. Alfonso Luz Yunes, Presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador   2015

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