Las libertades en el Ecuador “marcan calavera”

Con el llamamiento a juicio a la subdirectora nacional del MPD, Mery Zamora, bajo el supuesto delito de sabotaje durante los sucesos del 30 de septiembre del 2010; el cierre de varios medios de comunicación en todo el país; la disposición gubernamental de prohibir que los ministros comparezcan ante las empresas de comunicación privadas, y la anunciada negativa de la Asamblea Nacional al pedido de amnistía a los criminalizados por el régimen, se confirma la vigencia de un Estado totalitario y antidemocrático en el Ecuador.

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Es contradictorio que un gobierno que en reuniones reservadas planifica una serie de acciones para desestabilizar a los gobiernos locales de la oposición y hasta a instituciones de Educación Superior, como la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), acuse de sabotaje y terrorismo a personas que lo único que hacen es ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, su derecho constitucional a la resistencia.

 

Según lo demuestra el documento al que tuvo acceso la asambleísta Lourdes Tibán, denominado: “Construcción de Estrategia política para la Sierra Central”, preparado en un taller bajo la dirección del viceministro del Interior, Oscar Bonilla, a apenas dos meses de conocidos los resultados de la Consulta Popular del 7 de mayo del 2011, para el régimen, derrotar a los adversarios políticos significa usar mecanismos como el chantaje con las asignaciones presupuestarias, las presiones y compras de conciencia a determinados dirigentes de la oposición para que  se viren a favor del gobierno; la utilización de la justicia para enjuiciar y condenar a prisión a dirigentes como los siete líderes sociales de Latacunga, entre los que está el rector de la UTC, Hernán Yánez, y el concejal Javier Cajilema. Se usan también mecanismos como el silenciamiento de medios de comunicación críticos, ya sea a través de contratos de publicidad oficial u otro tipo de presiones. Es más, el documento, al referirse a algunos medios de oposición, los condena de esta manera: “marca calavera”

 

Contradictorio también resulta el discurso que el régimen hace a nivel internacional acerca de que en Ecuador sí se respetan los derechos humanos, cuando se realiza una campaña de desprestigio de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la Asamblea Nacional los militantes del movimiento gobiernista, Alianza País, se niegan a aceptar el pedido de las organizaciones sociales de que se otorgue la amnistía para 152 personas involucradas en procesos judiciales por participar en acciones de protesta contra el régimen.

 

Es particularmente indignante que mientras el mismo canciller, Ricardo Patiño, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que el único preso por protestar en el Ecuador era Marcelo Rivera, la asambleísta gobiernista Rosana Alvarado diga en cambio que “lo de Rivera fue intento de asesinato (al rector de la Universidad Central)”. Y que “hay que distinguir entre protesta y violencia”.

 

Alvarado en sus comparecencias públicas ha evidenciado un cinismo impresionante, pues en una de las radios de Quito, al ser cuestionada sobre el plan que fue denunciado por la asambleísta Tibán, sostuvo que el gobierno tiene todo el derecho de planificar políticamente actos como los que constan en ese documento. Asombra que se refiera así a un documento donde se usan expresiones tan bajas y violentas como: “marca calavera”. Palabras que bien podrían retornarle como búmeran a la mal llamada: “revolución ciudadana”

 

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Por: Franklin Falconí

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