LA JORNADA LABORAL Y EL ESCALAFÓN MÉDICO EN EL ECUADOR UNA HISTORIA DE RESISTENCIA Y REACCIÓN.

El escalafón y la jornada laboral del médico, trabajador del sector público, es, en el presente y en los últimos 20 años de la historia ecuatoriana, una lucha con ascensos y descensos, cuyo denominador común es la resistencia y la reacción.

Así:

En 1992, en el Gobierno de Rodrigo Borja, los galenos alcanzan su primera Ley de Escalafón Médico, Registro Oficial No. 984, que permite organizar, luego de años de batalla, un régimen escalafonario con categorías, remuneraciones y la formación de una comisión nacional para el tratamiento del escalafón. Esto molestó a Borja, quien denigró[1] a los profesionales y los trató de “traganíqueles” en referencia a la revalorización profesional alcanzada. Desde luego las críticas demuestran, desde la óptica del poder, la falta del entendimiento de la lógica en la salud pública.

En 1993, con el gobierno de Sixto Durán Ballén nace el Reglamento a la Ley de Escalafón Médico, publicado en el Registro Oficial No. 119 (Decreto 453), el cual señala en la segunda disposición transitoria, que desde 1994 se financiaría el escalafón a través de la proforma presupuestaria (de acuerdo al artículo 77  de la LOAFYC).

La relevancia que los médicos otorgan a la atención de la salud pública hace que el Reglamento disponga que los primeros escalafonados sean los médicos con relación de dependencia y ganadores de concursos en el Estado.  Se conformaron 11 categorías: 5 para Residentes y 6 para Médicos Tratantes, de ellos solo los Residentes trabajaban 8 horas, los Tratantes y Médicos Generales 4. Aunque se deja la “posibilidad” de contratar, en lo posterior, cargos médicos administrativos de ocho horas y para otras actividades específicas en salud, cuatro y seis horas diarias[2], dejando una puerta abierta a mediano y largo plazo. Se reconocieron bonificaciones tanto para la situación geográfica como para los títulos académicos, especializaciones, publicaciones y capacitaciones adicionales.

En el caso del IESS, bajo la aplicación de las Reformas Constitucionales publicadas en el Registro Oficial No. 863 de 16 de enero de 1996, que  determinaron un nuevo Régimen Jurídico para las relaciones de las entidades del sector público con sus servidores (art. 31 Primera Parte, Título I, Sección VII, Del Trabajo, literal g; artículo 6 de las Reformas, Tercer Bloque); el pronunciamiento de Procuraduría General del Estado en oficio 31484 del 8 de abril de 1996 que determinó que los servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social "se rigen por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, con excepción de los obreros, que están amparados por el Código del Trabajo"; el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos en oficio Nro. 960141 del 15 de abril de 1996 al concluir que: "... las relaciones entre el IESS y sus servidores se regularán por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, con excepción de las relaciones con los obreros, que están amparados por el Código del Trabajo"; la Ley de Servicio Civil y como consecuencia de una continua política restrictiva en materia de derechos laborales, el Gobierno de Sixto Durán Ballén, a través de su Ministro de Bienestar Social Economista Alberto Cárdenas, en ese entonces Presidente del extinto Consejo Superior del IESS, mediante Resolución No. 879, de 14 de mayo de 1996, determinó que las relaciones entre el IESS y sus servidores, en el que constaban los médicos y odontólogos, se regulaban por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, es decir los profesionales salieron del Código de Trabajo.

 
Para calmar la indignación y los ánimos de los trabajadores del IESS, se emitió la Resolución del Consejo Superior No. 880, de 14 de mayo de 1996, que determinó el reconocimiento de los derechos adquiridos (art. 1), pero contradictoriamente y a artículo seguido señaló que los únicos que podían celebrar contratos colectivos eran los trabajadores sujetos al Código del Trabajo (art. 2). La Resolución 882, de 11 de junio de 1996, clasificó o determinó los servidores que se regían por el Código del Trabajo como son: los de albañilería, almacenes, cadeneros, carpinteros, choferes, despachos, electricidad, electromecánica, estibadores, fotografía, guardería, guardianía, imprenta, mantenimiento, mecánica, motoristas, operadores de equipos y maquinaria, plomería, radiotelegrafía, ascensoristas, limpieza, conserjes, limpieza, mensajeros, auxiliares de servicios, guardianía, tapicería, telefonía, ventas, cocina, costura, electrocardiografía, electroencefalografía, enfermería, esterilización, fisioterapia, laboratorio, lavandería, auxiliar de odontología, órtesis y prótesis, técnico en patología y auxiliar de radiología; es decir, se divide para vencer a una fuerza social “manual” e “intelectual” que antes estuvieron unidas.

En 1998, al gobierno de Fabián Alarcón le correspondió lidiar con el segundo escalafón médico, Registro Oficial No. 247, a través de la Ley Reformatoria y el Reglamento Reformatorio al Reglamento a la Ley de Escalafón, Registro Oficial No. 343, del mismo año. La Ley Reformatoria (conocida como Ley 54) mantiene las categorías para médicos con relación de dependencia y ganadores de concurso, quedando: 5 para Residentes y 15  para Tratantes y Médicos Administrativos, dentro de estos últimos y solo para el IESS se incorpora el ingreso de profesionales especialistas y médicos de seis horas; victoria parcial para el gobierno que logra concretar el ingreso de otro horario diferente a 4 horas, siendo la base de esta normativa la puerta abierta dejada en el Reglamento de 1993.

En el año 2000, el gobierno de Jamil Mahuad expide la Ley que Reformaría el Escalafón Médico de 1998, convirtiéndose en el tercer escalafón, Registro Oficial No. 134, el mismo que no pudo ejecutarla debido a la rebelión popular en contra del gobierno, por la crisis bancaria; el gobierno del presidente Gustavo Noboa Bejarano pone en marcha la reformatoria dejando entrever la posibilidad de contratar personal con horarios mayores a cuatro horas en la salud, aplicando cierta fórmula de cálculo para la remuneración.

La revista Cambios, hizo la siguiente alusión de aquella época de mayor crisis bancaria e inicios de la dolarización en el país: “Introducida la dolarización, la clase médica del país, supo lo poco que ganaba luego de 7 o 10 años de estudios universitarios. Las unidades Médicas tanto del MSP como del IESS se estaban quedando desprotegidas ya que por un sueldo de $ 52,00 dólares mensuales de Médico Residente nadie quería trabajar…”[3]; precarización que ocasionó un Paro Nacional que duraría tres meses y que terminó el 3 de agosto de 2001, con la oferta de Noboa Bejarano de subir los sueldos a partir del año 2002, con una bonificación de USD. 80,00. Misma que, llegada la hora de cumplir no se efectuó, provocando el Segundo Paro Nacional, que duró apenas tres días (desde el 26 febrero 2002). El poder político asimiló el golpe de la paralización en la salud, por ello el paro terminó rápidamente y arrancándole al gobierno la nueva fijación de salarios con pago retroactivo.

Determinada la subida, el único que no cumplió a tiempo fue el IESS; la Comisión Interventora (presidida por Alfredo Mancero Samán) y la Dirección General (dirigida por Patricio Llerena Torres) al no ejecutar los pagos, despertaron a los médicos de la institución, quienes también habían aprendido que la lucha popular es la mejor arma para conquistar derechos, dándose paso al paro de brazos caídos a partir del 10 de julio de 2002, en una protesta que duró 15 días (que incluyó acciones solidarias de parte de los médicos federados en los demás hospitales públicos) y que logró la emisión de la Resolución No. RCI 140 (23 de julio 2002), que aprobó las nuevas remuneraciones para los trabajadores de la salud a través de la escala de Sueldos Base a los profesionales médicos sujetos a la Ley de Escalafón y a los Odontólogos, Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos. En esta norma se incorpora cinco categorías para médicos residentes de 8 horas diarias; dos categorías para Tratantes, divididos por el ejercicio profesional en cuatro, seis y ocho horas; y, trece categorías de Médicos Tratantes de cuatro y seis horas, y en Funciones Administrativas de ocho horas diarias.

Pero el gobierno de Noboa Bejarano recargó y fue más allá todavía, el actual mentor religioso de algunos políticos y gobernantes cuando fuera Presidente de la República, mediante Resolución CONAREM No. 130, de fecha 21 de marzo de 2002, Registro Oficial No. 544 de 28 de marzo del mismo año, modificó la Ley de Escalafón Médico, tipificando una normativa con trampa, en el artículo 2, inciso segundo disponía que “… el monto de sueldos base para los médicos tratantes y en función administrativa… será el mismo para los profesionales médicos contratados o nombrados a 4HD, 6HD y 8HD, considerando que dichas jornadas de trabajo equivalen a jornadas de tiempo completo en cada caso.”, es decir las jornadas a tiempo completo ya no eran solo de 4 sino de 6 y 8 horas también.   

En julio del año 2002, se emite una segunda Reformatoria al Escalafón Médico de 1998, que constituye el cuarto escalafón, mismo que tuvo como relevancia el reconocimiento económico a los años de servicio y a los estudios de especialización o capacitación.

Hasta esta normativa, las entidades que fijaban las remuneraciones, siempre determinaron los Puntos y el Factor de Cálculo en relación a las categorías y a las cargas horarias, y en el caso del IESS, el sueldo base para cada carga horaria; en lo demás, correspondía a la realidad de cada institución la fijación de la remuneración total.

La batalla de los médicos no se quedó en la segunda reforma al escalafón de 1998, sino que también impugnaron vía Procuraduría General del Estado la Resolución CONAREM No. 130, emitida por el gobierno de Noboa Bejarano, el lobby terminó con la emisión del oficio No. 0002163 de 8 de julio de 2003, que acoge la petición de los galenos y cuestiona la resolución, pronunciándose en el siguiente sentido: “… el inciso segundo del artículo 2 de la resolución 130 debe reformarse y coincidir con el texto del artículo 10 de la Ley de Escalafón para Médico, ya que la resolución del Conarem al estar en contradicción con la Ley carece de validez jurídica…”; obligando al nuevo gobierno de Lucio Gutiérrez, a corregirla mediante Resolución SENRES (SECRETARÍA NACIONAL TÉCNICA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO) No. 2004-000152, el 14 de septiembre de 2004, publicada en el Registro Oficial 429, el 27 septiembre del mismo año, en cuyo artículo 1 se inscribe “La jornada completa del médico es de cuatro horas diarias…”.

Pero el coronel Lucio Gutiérrez - quien en la práctica demostró tener compromisos no solo con los tradicionales poderes políticos y económicos nacionales, sino con el imperialismo norteamericano y los organismos financieros internacionales (como Banco Mundial y BID) – aprobó una de las normativas públicas más impugnadas en la historia “democrática” del país,  denominada Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, la misma que también mereció el desafío de los Clínicos e interpuso por medio del Colegio Médico de Pichincha, el proceso No. 0009-2004-TC ante el Tribunal Constitucional, demandado la inconstitucionalidad de Ley Orgánica, que entre otros temas reclamaba por el artículo 112, sobre la determinación de la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas y los Niveles Estructurales de los Puestos y la concesión exagerada de las atribuciones dadas a la SENRES sobre el Código de Trabajo, la Contratación Colectiva, Leyes Profesionales, Escalafón y la normativa interna de cada institución pública; y por la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Orgánica que dejó sin efecto todas las escalas de remuneraciones sin tomar en cuenta las características particulares de los médicos.

Gutiérrez no se quedó atrás, el 28 de enero de 2005, por intermedio de la SENRES promulgó la Resolución No. 2005-00004, publicada en el Registro Oficial No. 519 de 4 de febrero de 2005, que determinó, en los artículos 1 y 2, que la jornada completa de trabajo de los servidores médicos es de ocho horas diarias, con excepción del nombramiento o contrato de dedicación parcial de 6 y 4 horas; reculando la disposición Senres 2004-000152 que determinaba una jornada completa de cuatro horas, que inicialmente fue obligado a suscribir por dictamen de la Procuraduría General del Estado.

Pero el lobby también es parte de la resistencia, los profesionales de salud enfilan nuevamente hacia la Procuraduría General del Estado y exigen pronunciamiento de aplicación de las disposiciones emanadas de la Ley Orgánica, señalando con oficio PGE 15299 de 10 de marzo de 2005: “La competencia para determinar la jornada de trabajo de los profesionales de la salud que prestan sus servicios en el sector público, continúa rigiéndose por las disposiciones expresas de las respectivas leyes de escalafón y defensa profesional, que prevén la procedencia de la jornada parcial, amparada también por el Protocolo de San Salvador…”; en consecuencia una Ley no estaba por sobre una Resolución y la SENRES con fecha 21 de junio de 2005 se ve obligada a reconocer que: “La jornada completa de trabajo de los profesionales médicos y odontólogos es de cuatro horas diarias.” respecto a los tratantes y de 8 para los médicos administrativos, Resolución 2005-000022.

Ya en el gobierno de Rafael Correa, en un proceso paulatino que inició aprovechándose del júbilo social de cambio, con felonía desde el poder y en forma soterrada hasta llegar al enfrentamiento directo, se dispusieron varias Resoluciones Senres para agrupar las clases de puestos de los profesionales médicos y odontólogos en grupos ocupacionales de la escala nacional de remuneraciones; clases de puesto institucional; y escala de remuneraciones mensuales unificadas, entre otras (las importantes por el efecto que causarían en la jornada de trabajo son: Senres No. 2007-000055, Registro Oficial No. 139 de 1 agosto de 2007; 2007-000088, Registro Oficial No. 180 de 28 de septiembre de 2007; 2009-0000013, Registro Oficial 541 de 5 de marzo de 2009; 2009-000085 de 17 de abril 2009), con el objeto de homologar los puestos profesionales y sentar las bases de la Resolución No. 2009-0000090, que estructura grupos ocupacionales de médicos, odontólogos y psicólogos clínicos que pasan de 4 a 8 horas diarias, así como el de enfermeras y tecnólogos médicos que pasan de 6 a 8 horas, a quienes, para arredrar la protesta mejoran medianamente la remuneración.

En esta última normativa se declara que en adelante, se crearán puestos solo con partidas 8 Horas Diarias HD para médicos residentes, administrativos, tratantes, enfermeros/as, tecnólogos, obstetrices y psicólogos clínicos; se instituye una labor bajo turnos para garantizar la atención continua los 5 días a la semana en consulta externa; se fija una atención en emergencia y hospitalización de 24 horas de lunes a domingo; para ello se modificarían en los distributivos, las partidas vacantes a jornadas de 8 horas; a los profesionales médicos, de enfermería y tecnología de 4 y 6 horas con nombramiento se les ofrece acogerse voluntariamente a 8, sin derecho a retorno; los horarios de 4 y 6 son declarados a tiempo parcial; y, bajo el paraguas del Protocolo de San Salvador (art. 7 o g), establecen que la limitación razonable en las horas de trabajo es aplicable únicamente a los médicos radiólogos y de radioisótopos, a quienes se les mantiene en horario de 4 horas.

Posteriormente se emite la Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales MRL-2010-000106 de 26 de marzo de 2010, misma que complementa la Resolución Senres-2009-0000090, e incorpora a los profesionales en Química y Farmacia, Bioquímica y Farmacia, y Química que trabajan en laboratorios y farmacias, y médicos salubristas con más del 50% en funciones de investigación de campo, de 4 y 6 a 8 Horas Diarias.

Ya en la etapa de divorcio Pueblo – Poder Político, descubiertas las verdaderas intenciones de Alianza País y con movilizaciones en contra, se falla un la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, Registro Oficial Suplemento No. 294 de 6 de octubre de 2010, funesto a los intereses de los trabajadores públicos y como tal de los profesionales de la salud; la norma deroga textos de la Ley de Federación Médica Ecuatoriana, promulgada en el R.O. 876 de 17 de julio de 1979: en el artículo 32 se eliminan las palabras "4HD"; en el artículo 33 las palabras "cuatro horas diarias máximo" y se impone que las "seis o más horas diarias solo es permitido con la docencia universitaria a medio tiempo o tiempo parcial”. La Ley Orgánica del Correismo arrasa con todo, en la Ley de Ejercicio Profesional de Enfermeras, promulgada en el R.O. 261 de 19 de febrero de 1998, se deroga la letra c) del artículo 13, que hacía mención al cumplimiento de jornadas de seis horas de trabajo diurno, doce horas de trabajo nocturno cada dos noches y dos días de descanso semanal para las enfermeras/os. En la Ley de Escalafón de Médicos, promulgada en el R.O. 984 de 22 de julio de 1992, se suprime los artículos 10 y 11, que señalaban que los cargos de médicos administrativos eran contratados por ocho horas por día y los que se necesitaban para la atención en actividades de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud eran contratados por cuatro o seis horas, de acuerdo a la conveniencia institucional. En general se derogaron todas las disposiciones referentes a la jornada laboral de 4 horas a favor de médicos y odontólogos, exceptuándose las limitaciones razonables y los casos de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos aun no determinados por el Ministerio de Relaciones Laborales, pero sin lugar a duda, el trabajo en la salud no estará considerado en la excepción.

Pero hay mas, con Resolución MRL-2011-000033, de fecha 2 de febrero de 2011, el Ministerio de Relaciones Laborales determina que los actuales médicos, odontólogos, obstetrices, psicólogos clínicos, enfermeras, tecnólogos médicos de los servicios de salud pública, profesionales en química y farmacia, bioquímica y farmacia, y química que trabajan en los laboratorios y farmacias de los servicios de salud pública, indistintamente de sus nombramientos tendrán una jornada de trabajo de 8 horas diarias; y, los médicos radiólogos y radioisótopos que laboraban 4 horas diarias, lo harían 4 en radiología y 4 en actividades atinentes.

Por último: para los que reclaman, para los que no son útiles al poder, los que “estorban” y para aquellos puestos de trabajo que les hace falta tomarse, se promulgó el Decreto Ejecutivo 813, Registro Oficial Suplemento 489 de 12 de julio de 2011, que reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, artículo 108 e incluye la “cesación de funciones por compra de renuncias obligatorias con indemnización”, es decir el despido intempestivo con premio consuelo. El argumento de la “revolución ciudadana” para el aciago legal es el mismo expresado por los gobernantes del “pasado oscuro”, la “vieja partidocracia” y “la larga noche neoliberal”: someter a los servidores públicos a los procesos de reestructuración, optimización o racionalización del servicio público; “… ajustar los preceptos legales…” para “… corregir el desorden remunerativo y los desfases en materia de recursos humanos provocados por las excepciones de la Ley vigente y la falta de claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica… planificación, organización y regulación… (Explicitar la) organización de las instituciones del Estado… para que, en virtud de su cumplimiento, respondan a las exigencias de la sociedad…”. Los “verde revolucionarios” no pierden el tiempo en consideración alguna. ¿Que coincidencia si?

Las medidas han permitido: el incremento de la jornada de trabajo por sobre el incremento del personal en servicio; la sobreexplotación de los médicos y personal similar; atentar contra la calidad del servicio en la salud; la generación de supuestos excedentes evitando el incremento de la masa salarial; y, el despido de servidores públicos, tal y como lo recomendaran desde siempre los organismos financieros internacionales llamados Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, es decir “evitando el gasto público”. ¿La reacción de los médicos?, veremos.

Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa, por acción u omisión, comparten el demérito ataque a la jornada laboral y el escalafón reivindicado por los profesionales de la salud pública. Esta misma Política de Estado ha servido ha socialcristianos, populistas y gobiernos de dictadura, para atacar, en su momento, a los servidores públicos y trabajadores en general, y que hoy se vuelve a reproducir.

DR. WASHINGTON ALAJO A.

06  DE JULIO 2012

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