UNE cuestiona nombramiento de Patricio Pazmiño en Corte Interamericana de Derechos Humanos

El martes 16 de junio de 2015, los Estados Partes a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos votaron para elegir los jueces que llenarían vacantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Los resultados de la votación dieron como resultado la elección de Patricio Pazmiño Freile, actual Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, como integrante del más alto tribunal de la región en materia de derechos humanos. Ello, a pesar de que dicho candidato no reunía las condiciones para ostentar esa dignidad, y aún cuando existían serias críticas sobre su independencia e imparcialidad nacionales e internacionales. La Unión Nacional de Educadores, en coherencia con las críticas que durante los últimos años hemos realizado a la gestión del Dr. Patricio Pazmiño en la presidencia de la Corte Constitucional, y habiendo denunciado en reiteradas ocasiones violaciones sistemáticas a derechos consagrados en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos CADH, expresamos públicamente nuestro rechazo a dicha designación.PatricioPazminoCidh

Las gestiones de Patricio Pazmiño como Presidente de la Corte Constitucional, evidencian que no cumple los requisitos mínimos de independencia e imparcialidad para integrar el órgano de derechos humanos más importante en las Américas. Por esta razón, varios expertos en la materia (incluyendo al ex Secretario Ejecutivo de la CIDH) expresaron reiteradamente su preocupación por su candidatura, que además era avalada y promovida por el gobierno de Correa, el principal detractor del SIDH de los últimos años. Claramente, su postulación no es más que un nuevo intento de debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), como ha venido haciendo desde 2012.

Estamos convencidos de que para ser Juez de la Corte Interamericana no basta con que Pazmiño conozca la materia de derechos humanos. Tampoco basta con que haya "trabajado" (de manera genérica) en cuestiones relacionadas con derechos humanos. Un candidato medianamente aceptable debería demostrar que sus gestiones, ya sea desde lo público o lo privado, han contribuido notablemente a fomentar la vigencia y observancia de las normas y estándares emanados del Sistema Interamericano. Así, aún si aceptáramos que Pazmiño reúne los requisitos académicos y profesionales para ser juez de la Corte IDH, no ha demostrado tener un compromiso real de respetar esos estándares. Por el contrario, al momento de enfrentarse a situaciones en la que han estado en controversia los derechos de las personas y los intereses políticos del gobierno de Correa, ha terminado siempre por favorecer estos últimos. Como es el caso de la Ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores Mery Zamora al aceptar a trámite una Acción de Extraordinaria de Protección. Ello ha sido permanentemente denunciado.

Las decisiones de la Corte Constitucional de Pazmiño contradicen de manera flagrante los estándares emanados de la Corte Interamericana que hoy, paradójicamente integra. Sus constantes actuaciones han violado su obligación de realizar un debido control de convencionalidad, entendida ésta como la obligación de todo funcionario judicial de aplicar de manera preferente los estándares interamericanos cuando éstos colisionen con una normativa interna, en aras de garantizar la vigencia de la CADH y el principio pro persona. Esta obligación es ineludible para cualquier juez en los Estados Partes de la CADH.

I. LAS DECISIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PRESIDIDA POR PATRICIO PAZMIÑO HAN CAUSADO RETROCESOS EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

En materia de libertad de expresión, cuando se demandó la inconstitucionalidad del art. 5 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) por consagrar a la comunicación social como un servicio público justamente, la CC negó el reclamo, agregando además que los periodistas, en calidad de prestadores de ese servicio, tienen obligaciones y deberes que deben observar. Así, la libertad de expresión, consagrada en la Constitución Ecuatoriana y en la CADH como un derecho, fue transformada con el aval de Patricio Pazmiño en un servicio público.

En particular, llamaban la atención la vaguedad de la figura del "linchamiento mediático", por las posibles arbitrariedades que podrían generar su vigencia y aplicación. Al respecto, y contrariando esas decisiones interamericanas, la CC reconoció que efectivamente la figura era amplia y ambigua, pero que la determinación de su alcance quedaría a criterio de la SUPERCOM. Con ello, se permitió que el derecho a la libre expresión quede al capricho de un ente adscrito a una Función Ejecutiva, que para ese momento ya había demostrado una animadversión grande por el trabajo de la prensa libre e independiente.

Algo similar ocurrió con la decisión sobre la inconstitucionalidad del llamado Código de la Democracia.

II. LAS OMISIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PRESIDIDA POR PATRICIO PAZMIÑO DESNATURALIZAN DERECHOS HUMANOS Y MERMAN EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA:

El silencio de Pazmiño y su Corte ante los atropellos que los tribunales inferiores hacen a los derechos humanos no puede dejarse de mencionar. En 2013, un juez provincial reiteró un fallo de primera instancia donde se dio paso a una acción de protección presentada contra Diario la Hora por el subsecretario de la Administración Pública, por haber violado el derecho a la honra de la Función Ejecutiva (¡!) al publicar un artículo donde se cuestionaba el gasto público en publicidad oficial. A pesar de que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le faculta a la CC a revisar sentencias como aquella, que por su gravedad y por su relevancia podrían afectar derechos fundamentales, el tribunal encabezado por Pazmiño prefirió dejar pasar la aberración jurídica de aceptar que una institución pública pueda ser titular de derechos humanos. Ello, a pesar de que en 2009 la Corte IDH sostuvo, que los derechos consagrados en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos CADH, corresponden a las personas, (es decir, a seres humanos) y no a instituciones públicas.

Con respecto al derecho a la libre asociación, en agosto de 2012 varias organizaciones sociales interpusieron demandas de inconstitucionalidad sobre el Decreto Ejecutivo Nº16, a través del cual el Presidente Rafael Correa impuso una serie de restricciones como: solicitudes de documentación excesivas e ilimitadas para el registro de las directivas o nuevas organizaciones como es el caso de la Unión Nacional de Educadores. Tres años después, la justicia constitucional no ha atendido tales demandas, aún cuando la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Jurisdiccional obligan a pronunciarse en un término de 30 días. La inacción de esos tribunales inferiores, toleradas y avaladas por la más alta Corte en materia constitucional en el Ecuador, constituyen violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

III. CONCLUSIONES.-

De este breve análisis, podemos barajar al menos dos opciones. O Pazmiño desconoce totalmente la jurisprudencia interamericana (y por eso no es capaz de aplicarla cuando la situación lo ha exigido); o, conociéndola, optó por contravenirla por no ser conveniente al régimen de turno. Si lo primero fuera correcto, Pazmiño no cumpliría el requisito establecido en el artículo 52 de la CADH, que indica que quienes aspiren a jueces de la Corte IDH deberán ser juristas "de reconocida competencia en materia de derechos humanos". Si resultara ser lo segundo, en base a ese mismo artículo Pazmiño no podría considerarse como un jurista de "alta calidad moral".

El SIDH ha sido por más de medio siglo el último bastión de lucha de quienes hemos visto nuestros derechos fundamentales atropellados por gobiernos autoritarios de los más diversos tintes políticos e ideológicos. Su rol en el fortalecimiento de la democracia y respeto por los derechos que como personas tenemos, es un legado que no puede ponerse en riesgo con la elección de personas que responden únicamente a intereses de Estados, que además, se caracterizan por desconocer y despreciar el trabajo de los órganos de Sistema.

Reiteramos que la presencia de Patricio Pazmiño en la Corte IDH constituye un riesgo para la vigencia misma del SIDH y de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, el tribunal que para muchos, es la última esperanza para obtener verdad, justicia y reparación ante las arbitrariedades y excesos del poder público. Lo anterior se agrava ante el silencio oficial que existe acerca de la posible renuncia de Pazmiño a su actual cargo, desconociéndose hasta el momento de la emisión de este informe, si está en sus planes renunciar, y, de ser así, cuándo lo hará. Creemos que en la medida que siga fungiendo como Presidente de la Corte Constitucional, Pazmiño tendrá un evidente conflicto de intereses en su ejercer como Juez de la Corte IDH, y su independencia e imparcialidad, de por sí dudosas, se verán aún más comprometidas. En este sentido:

1.      Ratificamos nuestro rechazo a la elección de Patricio Pazmiño al cargo de Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nos sumamos a las protestas varias de la región, en el sentido de que el proceso de selección debía ser abierto y transparente;

2.      Reiteramos nuestro criterio acerca de la no idoneidad de Pazmiño para ostentar ese cargo. Lo anterior no solo por su estrecha relación con el cuestionado gobierno de Correa, sino porque su actuar como Presidente de la Corte Constitucional ha causado retrocesos graves en la implementación de los estándares interamericanos en derechos humanos a nivel nacional;

3.      Exigimos al Dr. Patricio Pazmiño a presentar, con carácter de urgente, su renuncia al cargo de Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador. Creemos que, en la medida que siga ejerciéndolo, genera un evidente conflicto de intereses que afectan la independencia y credibilidad del máximo tribunal interamericano.

4.      Nos mantendremos vigilantes de su accionar y denunciaremos permanentemente sus actos violatorios a derechos que coinciden con la acción e régimen correísta, prepotente, autoritario y perverso.

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