Correa y el viejo sueño de destruir a la UNE

Las organizaciones sindicales de los maestros ecuatorianos nacen bajo el impulso de la revolución liberal de Eloy Alfaro. En el gobierno de avanzada del general Enríquez Gallo, en 1937, se realkiza el primer intento de contar con una estructura de carácter nacional, bajo el nombre de “Sindicato Nacional de Educadores Ecuatorianos”, que dos años más tarde tendría que organizar la primera huelga general en defensa de los Normales, instituciones que pretendieron ser cerradas por el gobierno de Aurelio Mosquera y que se mantenían como “normales libres” gracias al apoyo de padres de familia y educadores. Bajo el impulso del levantamiento popular conocido como “La Gloriosa”, del 1 al 4 de agosto de 1944 se realizó el Congreso Nacional de Unificación del Magisterio que dio nacimiento a la actual Unión Nacional de Educadores, UNE.marcha  UNE Oro

Esta historia de vinculación permanente con procesos sociales, luchas populares, acciones revolucionarias, ha marcado no sólo el nacimiento sino toda la historia de la UNE. Y, a las fuerzas revolucionarias supone una fuerza de reacción y por ello desde los distintos gobiernos de derecha, particularmente los neoliberales, constantemente se pretendió dividir al magisterio e ilegalizar su organización como lo hizo la dictadura militar el 30 de mayo de 1977 con el asalto a los locales de la organización, condenas de prisión por dos años para sus dirigentes, 230 maestros cancelados, la prohibición del pago de sueldos por 14 días de huelga y la implantación de la Ley Militar.

Sin embargo, estuvo a la vista que esos objetivos no se lograron. En 1978 la UNE realizó su 14º Congreso en la clandestinidad y recuperaría su estatus legal con el retorno del régimen constitucional.

Durante los gobiernos neoliberales, se pretendió dividir a los maestros, tal y como lo quiso hacer el gobierno de Osvaldo Hurtado, entre otros. Más adelante, en el gobierno de Rodrigo Borja, se eliminó la afiliación obligatoria pretendiendo con ello matar a la organización, pero los maestros respondieron en pocas semanas con una afiliación voluntaria de más de 90 mil docentes.

Esta breve reseña marca una parte de las razones por las cuales la UNE ha sido un referente organizativo a nivel nacional. A ello se suma una serie de decisiones para establecer mecanismos democráticos de funcionamiento que, no sin errores, logran que los afiliados se sientan partícipes de la toma de decisiones y que hayan sido la fuerza real de la organización. Cabe señalar que la dirección gremial es nombrada por votación universal; que las decisiones más importantes se las toma en asambleas provinciales tras las cuales son ratificadas por el Consejo Nacional; que las directivas provinciales responden ante juntas de delegados (cuyo funcionamiento se ha dificultado intensamente en este gobierno) en las que representantes nombrados en asambleas de docentes de cada centro educativo tienen la capacidad de participar en la toma de decisiones; los puestos más importantes de dirección no tienen reelección inmediata con lo que hay una formación permanente de nuevos liderazgos; que se procura fortalecer la presencia de mujeres y de representantes de los pueblos y nacionalidades en la dirección; entre otros aspectos de un estilo de funcionamiento que explican por qué los gobiernos no han podido destrozar a esta organización.

La UNE y el gobierno de Correa

Como es sabido, Correa llega a la presidencia aprovechando las plataformas de lucha y los programas de las organizaciones populares y de las auténticas fuerzas de izquierda ecuatoriana. Ello hizo también con las plataformas de la Unión Nacional de Educadores y sus propuestas de una reforma educativa integral, de alternativas pedagógicas, de implantación de una educación para la emancipación. Correa incluso, ya como Presidente, asiste al XXVII Congreso Nacional de la UNE que se realizó entre el 2 y el 6 de junio del año 2008 en la ciudad de Loja, bajo la Presidencia de la profesora Mery Zamora. Es una breve temporada en la cual hay una serie de avances en la democratización de la educación, aunque siempre incompletos y adosados a medidas que contraponen esos desarrollos.

Pero más tarde, como sucedió en todos los sectores de la administración pública, el gobierno asumió un camino de derechización que bien merece el calificativo de “restauración conservadora”. Se planteó una propuesta de gestión educativa que fragmenta a estudiantes y docentes, que reduce derechos, que cierra escuelas rurales comunitarias e indígenas bajo el viejo pretexto del Banco Mundial de que no se puede dar laboratorio todas, que promueve una “meritocracia” para justificar las inequidades sociales e impulsar la competitividad, que realiza una evaluación punitiva como la que se vive hoy en México, mientras, la ausencia de un modelo pedagógico es evidente.

La UNE enfrentó ese retroceso y, por hacerlo, el gobierno retomó todo el ataque neoliberal contra la organización social de los maestros y todos los mecanismos para responsabilizar a los educadores por la crisis de la educación que aplicaron los neoliberales. En realidad, si no se aplicó todo el recetario neoliberal para la educación fue por la resistencia y lucha de maestros, padres de familia, estudiantes y otras organizaciones populares.

Ese ataque ha implicado una serie de medidas que no pueden ser calificadas más que como retaliación reaccionaria contra una organización popular que no ha perdido su rumbo. Cuando el gobierno inició sus medidas con el propósito de debilitar a las organizaciones sociales se debió desarrollar un proceso de re afiliación voluntaria que movilizó a la mayor parte del magisterio en el país a defender su organización. Luego, se suspendieron los aportes económicos directos que entregaban los afiliados voluntariamente para el mantenimiento de la organización, pero en un proceso difícil se ha logrado establecer sistemas de pago a través de las cuentas bancarias de los afiliados. Complementariamente, se prohibió el desarrollo de actividades sindicales de los establecimientos educativos estatales, calificándolos como actos políticos que desestabilizan el régimen democrático. De la misma manera, el gobierno eliminó los permisos sindicales obligando a los dirigentes a trabajar ocho horas al día tras los cuales deben dirigirse a sus actividades sindicales. Como es conocido, con una cuestionable base, el gobierno se apropió del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, entidad autónoma pero que formaba parte de las estructuras formadas por decisión de los maestros y maestras.

A ello hay que anotar que entre los numerosos dirigentes populares que enfrentan procesos penales como parte de la criminalización de la protesta social, hay también dirigentes de la UNE como es el caso de Mery Zamora, acusada de sabotaje y terrorismo por cumplir tareas como presidenta nacional de la UNE en momentos de levantamiento policial del 30 de septiembre de 2009 y contra quien se quiere reabrir el proceso legal del cual ya fue sobreseída; el caso de los Tres de Cotopaxi, sancionados a un año de cárcel por el desarrollo de protestas populares y el juicio contra la maestra Rosaura Bastidas de Esmeraldas acusada de terrorismo por participar en una movilización cantonal. El magisterio tiene prohibición de ejercer el derecho a la huelga y a los directores de escuelas se les prohíbe hacer pronunciamientos públicos (por ello se canceló al Presidente de la provincia de Guayas) sobre asuntos públicos de las escuelas igualmente públicas.

Como se ve, es toda una línea de destrucción del derecho a la libre organización, cuando la existencia de la UNE solo corresponde definirla a sus propios afiliados.

El nuevo intento de disolución

El pasado 20 de julio, el Ministerio de Educación exige a la UNE que, en un término inaplazable de 15 días (que concluye el 10 de Agosto), presente pruebas de descargo por haber incumplido los Decretos Ejecutivos 016 y el reformatorio 739. En un texto con errores de fondo y forma, el documento ministerial señala que presuntamente se incumplió con lo prescrito en el numeral 7 del Art. 22 del Decreto Ejecutivo No. 739 del 03 de agosto de 2015 que determina como una causal de disolución:

“7. Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”

¿Cuál es la acusación concreta? No se aclara, lo que deja a la organización en la indefensión, pues si no se sabe de qué se le acusa no se puede defender. Esta es una grave falta legal, así como no enviar la notificación a directivo o representante alguno de la UNE.

Sin embargo, se da a entender que es por no haber inscrito la directiva, supuesta falta que es también parte de la acción gubernamental contra la organización de maestros. La UNE ha señalado que en diciembre de 2013, tras el proceso electoral interno en el que tomaron parte 60 mil educadores y educadoras, se tramitó la inscripción de la directiva pero en mayo 2014 el Ministerio solicitó que se presenten los datos personales de los votantes. Este acto de intromisión y amedrentamiento fue rechazado mediante oficio y se insistió en la inscripción, pero nunca hubo respuesta del Ministerio. La insistencia de la UNE para el registro a su directiva y el respeto al proceso electoral y normas internas fue respaldada, entre otras instancias, por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas, que en diciembre de 2015 pide al Estado ecuatoriano el registro de la directiva democráticamente electa.

Ante los argumentos gubernamentales, los maestros decidieron autoconvocarse al Congreso Extraordinario del 14 de mayo de este año, el cual se realizó en Quito con más de mil delegados de 23 provincias. Allí se nombró una directiva provisional y se aprobó el nuevo reglamento. Pero hasta hoy no se registra en el Ministerio.

¿Por qué entonces es ahora que se lanza esta amenaza de disolución? Seguramente hay varias razones. La primera es continuar con los intentos de amedrentar a la oposición popular y de izquierda. Golpear a una de las organizaciones más representativas en el campo popular, aparece como la estrategia para iniciar procesos contra múltiples organizaciones, demostrando que el Decreto 16 reformado es una amenaza contra todos. “Si podemos contra la UNE no habrá sindicato que se resista”, sería el posible pensamiento de los gobiernistas con la gratitud de los derechistas neoliberales. Hay que considerar que de las nueve organizaciones amenazadas se sabe que siete ya no funcionaban, pero la otra es el Comité de Padres de Familia del Colegio Montufar de Quito que defendió a los estudiantes ante la represión que debieron soportar por levantar una demanda educativa. Defender a sus hijos es hoy motivo de castigo y advertencia a las demás instituciones educativas.

Una segunda, es la retaliación contra quienes desnudan las continuas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. En junio, la UNE junto a otras organizaciones asistió al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el mismo que realizó 33 recomendaciones al gobierno del Ecuador. No tardó mucho el gobierno en atacar a la UNE que presentara pruebas contundentes de las violaciones a la libertad de organización.

Un tercer elemento. El Ministro de Educación está bajo proceso en la Asamblea Nacional por no cumplir normas vigentes y no haber asegurado los planteles educativos. Con esto se pretende no solo atacar a la UNE por estas y otras denuncias y por las victorias en torno a derechos de los jubilados y reconocimiento por parte del IESS de que el Ministerio no ha cumplido adecuadamente con el pago de Fondos de Reserva, sino distraeré la atención de la gente para que se olvide de las razones por las que está cuestionado el Ministro.

De paso, pone a las fuerzas populares y de izquierda un conflicto en medio del proceso preelectoral y previo a la Convención del Colectivo Unitario e Organizaciones de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales, convocada para el 5 de Agosto, donde se decidirán nuevas jornadas de lucha nacional. Allí también se explica porque quieren meter miedo en las organizaciones, aunque el rechazo al gobierno cada vez supera más y más al temor.

La UNE ha recibido importantes apoyos nacionales e internacionales y para los próximos días anuncia la realización de diversas actividades para defender su existencia. Solo a sus afiliados corresponde decidir el futuro del sindicato. Apoyarla es obligatorio para quien valore los derechos humanos y de organización.

 

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