Trabajadores argentinos de la CTA y CGT apoyan a trabajadores ecuatorianos

El siguiente texto es la intervención de los trabajadores argentinos en la sesión de la Organización Internacional del Trabajo respaldando a los trabajadores ecuatorianos y denunciando las acciones del gobierno de Rafael Correa contra los trabajadores.

 

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Señora Presidente:

Mi intervención tiene lugar en representación de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores) y la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina.

De las numerosas violaciones al Convenio 98 verificadas en la normativa y en la práctica nacional del Ecuador, destacaré las que constituyen injerencias inadmisibles de los órganos de Gobierno ecuatoriano en desmedro de los derechos fundamentales de sindicación y de negociación colectiva de los servidores públicos que no se desempeñan en la administración del Estado, asunto éste que ya ha sido objeto de tratamiento por esta Comisión de Aplicación de Normas (en 2014), así como ha ocupado en diversas oportunidades a la Comisión de Expertos y al Comité de Libertad Sindical y también ha motivado una Misión técnica, dirigida por la Señora titular del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, que se constituyó en el país en enero de 2015.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Constitución aprobada en 2008, la expedición de mandatos constituyentes, el dictado de nuevas leyes reguladoras de las empresas públicas y de las relaciones laborales de los servidores públicos, más un conjunto de decretos, reglamentos y acuerdos ministeriales, los derechos laborales individuales y colectivos de las trabajadoras y trabajadores del sector público ecuatoriano sufrieron un severo menoscabo, a la vez que se promovió la injerencia del Estado en sus organizaciones sindicales. Las señaladas medidas normativas fueron enmarcadas en una campaña de desprestigio de las organizaciones y los dirigentes sindicales y de confrontación entre las conquistas sociales y los declamados intereses generales de la sociedad y del Estado.

OIT

El Decreto Ejecutivo n° 813, dictado en julio de 2011, prevé el cese de funciones de los servidores públicos mediante el mecanismo denominado, de manera inverosímil, “compra de renuncia obligatoria”. A través de la utilización de este instrumento, sólo en los 6 primeros meses de vigencia del mencionado decreto, el Gobierno ordenó el despido de 5.000 trabajadores del sector público sin expresar las causas de tales desvinculaciones. La señalada magnitud de las expulsiones no es ficcional; todas las organizaciones y los representantes sindicales afectados por esas cesantías se encuentran individualizados por el Comité de Libertad Sindical en el caso 2926.

Los despidos masivos viabilizados mediante la “compra de renuncia obligatoria” han sido la herramienta esgrimida por el Gobierno para, en un primer paso, diezmar al movimiento sindical en el Estado ecuatoriano, con el objetivo final de someterlo o, directamente, generar la constitución de organizaciones afines a sus intereses. La “compra de renuncia obligatoria” implica un agravio contra el Convenio 98 por partida doble: no sólo es utilizada de manera discriminatoria contra servidores públicos vinculados a organizaciones sindicales sino también pasa por encima de las cláusulas de estabilidad estipuladas en los convenios colectivos.

Según la Ley Orgánica del Servicio Público, los trabajadores del Estado ecuatoriano se encuentran privados del ejercicio de los derechos de asociación sindical, de huelga y de negociación colectiva. Asimismo, esa norma y las leyes aplicables al personal de Empresas Públicas y de la Educación Superior e Intercultural carecen de dispositivos de protección contra los actos de discriminación antisindical y que prohíban la injerencia en las organizaciones de trabajadores conforme a las prescripciones de los artículos 1 y 2 del Convenio.

Por otra parte, el Proyecto de enmienda a la Constitución presentado en junio de 2014 tiende a erradicar absolutamente el ejercicio de los derechos de sindicación y negociación colectiva en el sector público, al postular que los “obreros” de este ámbito estatal —que se encuentran comprendidos por el Código del Trabajo— pasen a ser sometidos a la Ley Orgánica del Sector Público y demás leyes que rigen el trabajo en dicho ámbito, lo que implicará privar del derecho de negociación colectiva a la última categoría de trabajadores públicos que todavía puede ejercitarlo.

Ejercicio que —debe aclararse— no está exento de limitaciones, dado que la legislación dedicada al sector no permite a los mencionados “obreros” estatales negociar el nivel de sus remuneraciones, no obstante que su situación de empleo se encuentra regida por el Código del Trabajo. Según la revisión de este Código efectuada por la Ley para la Justicia Laboral, de abril de 2015, es el Ministerio de Trabajo quien determina las remuneraciones y las escalas de incremento aplicables a servidores y obreros del sector público.

Antes de concluir, debo mencionar a la mayor injerencia del Estado en la negociación colectiva. Se trata de la facultad de revisión unilateral de los convenios colectivos del sector público, atribuida al Ministerio de Trabajo por reglamentos administrativos y acuerdos ministeriales —pretensamente derivados del Mandato n° 8 de la Asamblea Constituyente—, con fundamento en el supuesto carácter abusivo de las cláusulas convencionales.

Esta grave injerencia del poder público sobre la negociación colectiva sectorial, ha generado llamados de atención tanto de la Comisión de Expertos como del Comité de Libertad Sindical, que han subrayado que la determinación del carácter abusivo de las cláusulas de contratos colectivos sólo sería admisible en hipótesis de grave desvirtuación de los fines de la negociación colectiva determinada por autoridad judicial competente.

Es más extensa la lista de transgresiones al Convenio 98 por parte del Gobierno de la República del Ecuador, pero las que han sido relevadas precedentemente resultan suficientes para que esta Comisión se pronuncie demandando enérgicamente el cumplimiento de las observaciones formuladas con insistencia por los órganos de control.

 

Gracias Señora Presidente.

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